24/06/2026
Y LAS CÁMARAS Y ASOCIACIONES DEL AUTOTRANSPORTE REAFIRMAN QUE EL CAMINO ES EL DIÁLOGO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), las cámaras y asociaciones nacionales del autotransporte de carga y pasaje: ANPACT, ANTP, CANACAR y CANAPAT, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la movilidad, la competitividad y el desarrollo económico de México.
Ante las convocatorias difundidas para realizar movilizaciones y posibles interrupciones a la circulación en distintas regiones del país el próximo 24 de junio, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento manifestamos que no participamos ni respaldamos acciones que afecten la libre circulación de personas, bienes y mercancías.
Reconocemos que el sector del autotransporte enfrenta diversos retos que requieren atención permanente y soluciones de fondo. Sin embargo, estamos convencidos de que la vía más efectiva para atender cualquier inquietud o demanda legítima es el diálogo institucional, la interlocución responsable y la construcción de acuerdos entre autoridades y sector productivo.
El autotransporte constituye una actividad estratégica para el país. Gracias a él se movilizan diariamente millones de personas, insumos y mercancías que permiten el funcionamiento de las cadenas de suministro, la manufactura, el comercio, el turismo y la actividad económica nacional total.
Por ello, cualquier interrupción en las vías de comunicación genera afectaciones directas a los usuarios, a las empresas, a las cadenas logísticas y al desarrollo económico de las regiones, impactando además a miles de familias que dependen de estas actividades para su bienestar.
Las organizaciones firmantes reiteramos nuestra disposición permanente para colaborar con las autoridades federales, estatales y municipales en la búsqueda de soluciones que fortalezcan al sector y atiendan sus legítimas preocupaciones, privilegiando siempre el interés general, la legalidad y la continuidad de los servicios esenciales para la población.
